La situación, por el tráfico de drogas, es de extrema y creciente violencia en los países de centro América (que lo son fundamentalmente de tránsito) y se ve azuzada por el desplazamiento de población campesina a las ciudades donde la enorme pobreza fomentada en algunos casos, como en México, por experimentos de ingeniería social, les pone en la tesitura de agarrarse a cualquier cosa y una de opciones más viables para ellos es incorporarse al bando de los traficantes de droga; de este modo puede decirse que existe una verdadera demanda de "empleo" en el lucrativo sector del tráfico de drogas, que de modo casi preferente tiene por destino a los USA. Pero el consumo empieza a incrementarse también en los países en tránsito, como puede ser el caso de Nicaragua y Costa Rica, donde hasta ahora era testimonial; y ello está sucediendo por el sistema de pago que se empieza a establecer por parte de los cárteles a los colaboradores locales, consistente en utilizar la droga como moneda (en lugar de los dólares), con lo que aquéllos se han visto “obligados” a abrir mercados locales para convertir en dólares esa droga que reciben de los cárteles colombianos y mexicanos.
USA traslada a los países productores el peso de la carga de la lucha contra la droga, asignándoles "notas", como a un escolar, en función del grado de efectividad de la lucha contra la producción y tráfico de drogas. Esto, en palabras del autor, no es sino una violación flagrante de la soberanía de tales países, algo que USA ha llevado a cabo de modo ininterrumpido desde hace décadas y para eso recordemos nombres tan familiares como United Fruit Company,
poniendo y quitando Gobiernos a su capricho en todos los países al Sur de Río Grande. Además, para el combate en el ámbito de los países productores, USA impone el uso de su tecnología, es decir armamento y demás medios necesarios, lo que implica que esta lucha es de entrada un negocio para las empresas exportadoras USA y por ende para su propio Gobierno de modo que así
USA convierte la lucha contra la droga en un negocio, todo lo contrario que para los países productores que deben soportar la violación de su soberanía y además el coste de la lucha interna contra los cárteles.
Entre los temas más preocupantes abordados por el autor
destaca la pérdida de soberanía interna que para los países en tránsito supone la penetración de los potentes cárteles en los entresijos de los Gobiernos locales, a su vez débiles e impotentes ante la inmensa capacidad económica de esos cárteles que pueden corromper, y de hecho corrompen, cualquier nivel de las Administraciones, empezando por la Policía. En este sentido es de general conocimiento que en buena parte de los países de Centroamérica y México la fiabilidad y confianza que ofrece la Policía es, desgraciadamente, ninguna.
Refiere también el autor el entusiasmo con que la banca USA se aplica al lavado de dinero de la droga, pervirtiendo así la economía con fondos provenientes de una actividad que los propios USA definen como criminal. Destaca en este sentido la actividad desarrollada por el Wachovia Bank en relación a un posible lavado de 380.000 millones de dólares, que ha sido saldado con una mínima sanción de 160 millones de dólares, con lo que se evidencia que
para la banca USA se hace muy rentable actuar como agentes financieros del crimen organizado. Como epílogo, propone el autor que la única alternativa posible es la legalización del tráfico de drogas. Criterio que se soporta en la valoración que hacen organizaciones trasnacionales y hasta la Presidencia de buena parte de las naciones afectadas, y en la
necesidad de desterrar el componente ideológico en esta materia y remplazarlo por el científico. Literalmente remata el autor su trabajo:
Hoy se puede decir que los tiempos, que los plazos, que los pasos en el camino de la legalización están claros:
1. Hay que legalizar de inmediato el cannabis –la droga más consumida en el mundo, pues se estima que unos 170 millones de personas lo hacen, y de hecho hay un amplio consenso en considerar que uno de los mayores dislates de la Convención Única de 1961 fue el de incluirlo en sus listas- así como los preparados a base de hoja de coca (mate de coca y otros) y análogos, distinguiendo así entre sustancias y patrones de uso.
2. Las convenciones sobre estupefacientes y psicotrópicos han de ser “reinterpretadas” en clave de legalización en lo que fuera posible, y mientras tanto no seguir el desarrollo legislativo de los dichos textos.
3. Ha de cesar el apoyo y la participación en los organismos de la ONU –en todos ellos- derivados de las citadas Convenciones, pues se han convertido en peligrosas sectas ideológicamente orientadas.
4. Los cambios han de basarse en una evaluación científica y no en principios ideológicos.
5. Deben respetarse las peculiaridades culturales de los distintos países y los usos tradicionales.
6. La financiación otorgada por los países ricos en relación a la droga debe servir, toda ella, a una política de “reducción de daños” –sanitarios, económicos, etc.- adaptada a los distintos escenarios y no de seguridad.
7. Hay que apoyar planes de normalización de cultivos y de comercialización en los países productores.
8. Las políticas antidroga no pueden ser generadoras de más pobreza para las poblaciones afectadas.
9. Han de implementarse políticas que sirvan a la recuperación (reforestación) de los territorios afectados por los planes de erradicación de los cultivos (fumigaciones o manuales) o por los cultivos mismos.
10. Hay que impulsar una Conferencia de los países principalmente afectados por el tráfico de drogas en América Latina para replantear todo el problema y cambiar los paradigmas: el impulso europeo a esa reunión podría resultar decisivo.
11. Hay que fijar un plazo para la total legalización del tráfico de drogas.