Viernes, 7 de diciembre del 2012
Al Ministro de Justicia
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Mucho se habla sobre la necesidad de cambiar la Constitución. Sin embargo, sin cambiarla en nada, se puede hacer mucho por honrarla, es decir, por tener una sociedad mejor y un Estado de Derecho más justo
Ministro Gallardón,
Hemos rebasado una fecha más la conmemoración de nuestra Constitución. Muchas palabras, mucho ensalzamiento. Todo eso está bien pero ya cansa y, lo que es peor, distancia. Se echa de menos un poco de reforzamiento y, sobre todo, de respeto real por la misma, empezando por los Gobiernos, ahora el de tu partido.
Hay debates muy diversos sobre la conveniencia de modificarla, por adaptación a los tiempos, o dejarla tal y cómo está. En estas diatribas cada uno expone, como corresponde en democracia, sus reivindicaciones sin que nadie deba escandalizarse por muy atrabiliarias, o rancias, que sean. Se consideran, o no, y se acabó. Ahí está, por ejemplo el llamado Plan Ibarreche y asuntos sobre referéndums autonómicos. Es cierto que mucho ha cambiado la sociedad desde 1978. De hecho, cuando se aprobó, no había "pecés" (ordenadores, no el partido) y, por supuesto, tampoco había smartphones ni tabletas ni portátiles, dispositivos que, como sabes, han permitido a los usuarios mostrar su opinión en cualquier momento sobre cualquier cosa, incluidas las ocurrencias o, a veces pero las menos para qué nos vamos a engañar, los proyectos serios del Gobierno de turno.
Sin duda, la democracia se debe adecuar a las posibilidades de interacción con los ciudadanos y los Gobiernos están en la obligación de considerarlo, en el caso de España al menos con una Ley Orgánica. Esto sí que merece un esfuerzo cuya concreción queda muy lejos del objeto de estas líneas: democracia real, en directo, para que los ciudadanos no tengan razones para pensar que su voluntad está secuestrada por el Gobierno de turno. ¡Qué vamos a decir, precisamente a ti con el carrerón que llevas en decisiones ajenas al interés común, o al mismo Presidente del Gobierno!
No vamos en estas líneas a proponerte un cambio radical de la Constitución. Ni siquiera un cambio. Pero sí reivindicamos y exigimos un respeto a la Carta Magna que, en lo referido más adelante, brilla por su ausencia en muchas cosas. Ni siquiera te vamos a pedir algo que cueste dinero y eso ya bastaría para motivar el interés de tu Gobierno, aunque en el tema de determinados gastos innecesarios, por ejemplo en software licenciado, parece ser que no estáis motivados, aunque sí sois proactivos en otras cosas como es deformar la bajada real de las pensiones, cosa jurada, ahora perjurada, por activa y por pasiva por tu Gobierno.
Para concretar, por respecto, de verdad y no de boquilla, es inaplazable la derogación de normas que sonrojan y hasta avergüenzan a propios y extraños. Esto es bien barato pues todos los que deben intervenir en el proceso ya cobran, y bastante bien, del erario público. En concreto, se trataría de normativas como las dos siguientes:
A) La ley del indulto: anacrónica y escapista respecto de cualquier tipo de control. Tú mismo has aprobado un indulto reciente por un tema de torturas. Absolutamente vergonzante, vergonzoso y reprochable tal indulto pues los delitos contra los derechos humanos nunca, nunca, deben indultarse. Tales delitos, como los de terrorismo, deben ser tratados sin margen a la arbitrariedad. Y reconocerás que la concesión de indultos, tal y como están reglados, tiene mucho de arbitrario, algo impropio de un sistema democrático. Esta ley debe ser derogada ya, sin dilación. La norma debe, como mínimo
- introducir pautas de transparencia,
- posibilitar el recurso a las resoluciones, sobre todo por parte de los agraviados,
- exigir sin disculpa a la reparación anticipada de los daños y perjuicios, tanto los particulares como los sociales, y
- contener, sin duda, una motivación. Si el caso de las torturas es escandaloso no lo es menos tu indulto al Alcalde de Benahavís, por citar alguno, que deja a la Administración de Justicia con el culo al aire y en total evidencia.Con medidas como esa, ya pueden estar tranquilos los que cada día prevarican, se sepa o no, en muchos Ayuntamientos.
B) La legislación Hipotecaria, en el articulado que permite a los autorizados de la Iglesia Católica proceder como si fueran funcionarios públicos. Tal normativa es:
- absolutamente inconstitucional,
- un atropello,
- una vergüenza y
- un dislate total.
Además, es motivo de escarnio y agravio hasta para los católicos, que se avergüenzan de que tal norma permite, además, actuaciones que rayan lo delictivo o que sin más lo son. Tú sabes que hay muchas más cosas como éstas. Lastre de la dictadura e incluso anterior que ya va siendo hora de llevar al vertedero de las inmundicias legales. Esperamos que tomes en consideración estos apuntes sobre asuntos importantes que son verdaderas averías en el motor de la Democracia y cuya reparación es obligada mediante la derogación inaplazable de esas normas.
Jueves, 6 de diciembre del 2012
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Indulto a Mossos = ¿Prevaricación del Gobierno?
De nuevo el asunto del indulto vuelve a la primera línea de debate público
Esta vez va de un indulto por un tema de torturas con la opinión en contra del Tribunal juzgador y de la Fiscalía, algo nunca visto
Hoy celebramos el Día de la Constitución. ¿Qué mejor modo que hacerlo que derogando normas anticonstitucionales? Para empezar, la Ley del Indulto y además, la insultante normativa Hipotecaria que respalda la inscripción de bienes supuestamente eclesiales con la sola manifestación de los eclesiásticos autorizados. Por proximidad con hechos recientes, nos vamos a ocupar de la primera.
Ya hemos tocado en el BLOG este asunto con motivo del llamativo caso de un Alcalde al que Gallardón, ignoramos si pensando en sí mismo y en sus numerosos méritos como derrochador Ex-Presidente y Ex-Alcalde, le ha otorgado una, sin duda, inmerecida medida de gracia. Ya pueden estar tranquilos todos los que desde las Alcaldías prevarican cada día.
No vamos a decir que el uso del indulto sea ilegal.Al fin y al cabo hay una ley ¡del siglo XIX, por Dios!, que lo ampara. Lo que sí es discutible, y mucho más que eso, es que se emplee con finalidades y procedimientos más que contrarios a la Constitución del 78, cuya fiesta se celebra hoy.
¿Es constitucional que el Gobierno haga uso de una prerrogativa de la que nada debe responder?
Eso es, ni más ni menos, la consagración de la arbitrariedad, con el agravante de que machaca toda una sentencia de un tribunal, lo que socava la separación de poderes. Y por mucho que exista esa ley, es inconstitucional, pues el Gobierno debe dar cuenta de todos sus actos. De todos sin excepción y de forma pública, aceptando el debate y la contradicción y, por supuesto, debe exponer la motivación. Sin motivación, una resolución es arbitraria y por tanto ilegal y, con mucha probabilidad, es prevaricadora.
¿Persistir en conceder indultos en la obscuridad procedimental es de recibo?
No, no lo es. Pero además es ética y moralmente reprobable, lo que para nosostros tiene más fuerza que la legalidad, ilegalidad o alegalidad de la medida. Pero, claro, pedir ética a un Gobierno que ha laminado y contradicho TODAS sus promesas electorales es una utopía.
¿Y qué hay de las víctimas y de la reparación?
Como sobre esto hay tanto que decir, lo dejamos al criterio y esfuerzo del lector. Estamos hartos, hasta la náusea, de oir sobre la indeclinable obligación de petición de perdón para los etarras. ¿Es que esto es menos o fue menos lo del Yak-42?
Resulta que el Gobierno ha indultado a unos Mossos de Escuadra. Pero además lo ha hecho con la opinión en contra del Tribunal y de la Fiscalía. Si es así, la arbitrariedad ha sido absoluta y flagrante. Sólo por eso debiera dimitir Gallardón, predicador exitoso y vendedor de pelucas en el país de los gorilas.
El asunto es especialmente grave. Se trata. al parecer, de delitos de tortura. No se trata de un chorizo de altos o bajos vuelos, ni siquiera de un banquero. Es uno de los delitos ante los que ningún estado democrático debe ceder en modo alguno. Pero como en este caso se ha cedido concediendo el indulto, el resultado es que el Gobierno no es democrático. Para los menos ilustrados, decir "A implica B" es lo
mismo que decir "no B implica no A". De ahí la conclusión. Y si tenemos un Gobierno antidemocrático, será ilegal y por tanto procede exigir su dimisión.
Sólo queda solicitar del Gobierno, para que al menos se rehabilite democráticamente, que reconsidere su decisión y revoque lo concedido, sabiendo de antemano la inutilidad del esfuerzo, dado que no se puede plantear ni recurso ni demanda. Y, sobre todo, que de inmediato derogue esa norma aberrante cuyo uso ha manchado el buen nombre, si es que alguna vez lo tuvo o mereció tenerlo, de cualquier Gobierno. No queremos leyes putrefactas que manchen el buen nombre de España, si es que aún queda algo de eso.
Continua leyendo "En nombre del Pueblo, ¡deroguen ya la ley del indulto!"
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